A finales de diciembre de 2018 el Gobierno anunciaba la cotización obligatoria de las prácticas académicas externas en empresas e instituciones al régimen general de la Seguridad Social.

La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades comparte la preocupación de la comunidad universitaria y de los agentes sociales y económicos del país ante esta nueva regulación que podría volverse en contra de la formación práctica en centros de trabajo.

A continuación reproducimos el comunicado completo emitido por la CSS:

“La incorporación de los estudiantes universitarios que realizan sus prácticas académicas externas en empresas e instituciones al régimen general de la Seguridad Social constituye, en principio, una medida que reconoce el valor de la formación práctica en los centros de trabajo y proporciona a los futuros profesionales un beneficio de cara al disfrute de sus prestaciones sociales a largo plazo.

Pero la nueva regulación que sobre esta cuestión ha realizado el Gobierno de España, a través del Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, puede volverse en contra de la formación práctica en centros de trabajo que con tanto esfuerzo las universidades españolas han implantado en la mayoría de las titulaciones oficiales para adaptar sus enseñanzas a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior.

Esto se debe a que el citado Decreto-ley elimina la completa bonificación de las cotizaciones que hasta ahora existía para las prácticas curriculares remuneradas, no extiende tal bonificación a las prácticas curriculares no remuneradas, que constituyen la inmensa mayoría, y tampoco tiene en cuenta los problemas prácticos que conlleva la tramitación de las correspondientes altas de los estudiantes en la seguridad social.

Como oportunamente han puesto de manifiesto la comunidad universitaria y los agentes sociales y económicos, esta precipitada y sorpresiva disposición gubernamental, que prescinde de la consideración de “asignatura reglada” que tienen las prácticas curriculares externas y obvia quién y de qué forma ha de hacerse cargo de las cotizaciones de los estudiantes que las realizan, puede provocar un grave quebranto tanto para los estudiantes universitarios, al ver disminuida la actual oferta de prácticas, como para las universidades, al complicar sobremanera la gestión de estas actividades formativas, y también para las propias empresas e instituciones que vienen colaborando desinteresadamente en la impartición de las enseñanzas universitarias.

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, por tanto, comparte plenamente la gran preocupación que ha provocado esta nueva regulación en diferentes ámbitos sociales, económicos y académicos y solicita que, en el marco de la mesa de diálogo que se establezca para abordar su desarrollo normativo, de la que solicita formar parte, se tomen en consideración al menos tres cuestiones esenciales para que esta medida pueda alcanzar los fines beneficiosos que en principio persigue:

  1. La bonificación al 100% de las cotizaciones a la seguridad social por la realización de todo tipo de prácticas curriculares, sean remuneradas o no, ya que forman parte de los planes de estudio de las titulaciones y, por tanto, tienen la consideración de una asignatura que es preciso superar para obtener el título universitario correspondiente. De igual forma, esta bonificación debería extenderse a las prácticas extra curriculares no remuneradas, al objeto de que sirvan como incentivo para su realización.
  2. El establecimiento de sencillos procedimientos automatizados para la tramitación de las altas de los estudiantes en prácticas en la seguridad social por parte de los servicios universitarios o entidades gestoras colaboradoras que gestionan las prácticas externas, dotando a estas unidades de los recursos necesarios para ello y sin que en ningún caso este proceso suponga carga burocrática adicional alguna para los estudiantes ni para las empresas e instituciones colaboradoras de los programas de prácticas externas.
  3. La ampliación del alcance de la nueva regulación a los estudiantes que realizan prácticas externas en el marco de los programas de formación continua que imparten las universidades.

En cualquier caso, la Conferencia de Consejos Sociales considera que, más allá de este problema concreto suscitado por la nueva disposición normativa, la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios sigue siendo una necesidad perentoria de la sociedad española que exige de urgente tratamiento global en el marco de un proceso de amplia reforma universitaria, tal y como se pidió el pasado día 26 de septiembre en la lectura pública de un documento impulsado por CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, que también contó con el respaldo de la Cámara de Comercio de España, CSIF, CEOE, CEPYME, CREUP, FeSP-UGT y FE CCOO”.