La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha pedido a los partidos políticos que “abran el proceso para la elaboración y aprobación de una nueva ley de universidades en el marco de un gran Pacto de Estado” porque “modificar la obsoleta legislación actual ya se ha convertido en una auténtica urgencia nacional”.
Antonio Abril Abadín, presidente de la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de
universidades privadas- trasladó al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, en una reunión celebrada el pasado 30 de agosto en Madrid, que “la continuación de su reiterado aplazamiento nos irá alejando cada vez más de los estándares internacionales y lastrará a medio y largo plazo la formación de nuestro capital humano, científico y tecnológico”.
El encuentro, al que también acudió el secretario general de la CCS, Miguel Ángel Acosta, forma parte de las reuniones que está manteniendo el presidente en funciones con colectivos sociales.
Durante el fallido debate de investidura, Pedro Sánchez se comprometió a impulsar una nueva Ley Orgánica Universitaria con el consenso de la
comunidad educativa y de las CCAA. Para la CCS, los dos pilares que deben sustentar esta reforma son “un nuevo modelo de gobierno universitario homologable a los que existen en el Espacio Europeo de Educación Superior y la necesaria mejora del sistema de financiación”.
El presidente de la Conferencia viene insistiendo en que “no podemos limitarnos a hacer meros retoques. Debemos afrontar cambios de calado
realmente transformadores que permitan a la universidad española ser un verdadero motor del crecimiento económico y del bienestar social en el mundo digital de nuestro tiempo”.
En septiembre del pasado año se presentó en el Congreso de los Diputados junto a la CRUE y agentes sociales un comunicado que solicitaba a los
representantes políticos que sitúen a la universidad española como una prioridad estratégica de su acción y promuevan una nueva Ley Orgánica de
Universidades que cuente con un amplio consenso político y social plasmado en un gran Pacto de Estado.
En noviembre, la Asamblea General de la CCS aprobó el “Manifiesto de Maspalomas”. En él advertía del “grave riesgo que corremos si no acometemos
con urgencia estas imprescindibles reformas”, al tiempo que apelaba a la “valentía, generosidad y grandeza de miras de nuestros responsables públicos para que esta petición con amplio respaldo no caiga en saco roto”.
La propuesta de la Conferencia, que se apoya en las reformas estructurales acometidas por países de la Unión Europea en las dos últimas décadas y
recogidas en un trabajo conjunto con la Cámara de Comercio y la Fundación CYD, establece como prioridades la necesidad de sensibilizar a la sociedad española sobre la trascendencia de la educación, impulsar la reforma estructural del modelo de gobernanza universitaria, incrementar la financiación pública y privada de las universidades, facilitar la tercera misión universitaria -la transferencia de los resultados del conocimiento y de la investigación a la sociedad-, mejorar la internacionalización de la institución y favorecer la empleabilidad de los estudiantes a través de la mayor excelencia del sistema educativo y de la cooperación público-privada.